El mencionado debate sobre la calidad y la localización incentivó todo un giro hacia la calidad en la política habitacional de 2005, pero trajo aparejado una disminución de la producción anual de viviendas respecto a los niveles de los 90s. Desde ese año se crean a las EGIS, empresas de gestión inmobiliaria-social que trabajan con los comités de vivienda para darles un proyecto de vivienda y barrio. Con esta reforma se siguen externalizando procesos de la producción habitacional, que antes eran gestionados por los Serviu, hacia entidades privadas (con o sin fines de lucro). Sin embargo, esta externalización se transforma en una oportunidad estratégica para muchos movimientos autogestionarios, quienes empiezan crecientemente a hacerse cargo de esas y otras tareas.
Además, varios movimientos alegan que varias EGIS están acusadas de estafa en varias regiones de Chile. Se argumenta que muchas estafaron a los comités o generaron proyectos que técnicamente eran inviables, con casas mal edificadas, no aptas para los terrenos o para problemas como la humedad del sur o el clima seco del norte grande, y sin participación directa de los vecinos organizados. La principal consecuencia de esto, señalan los movimientos, ha sido la desaparición de instituciones públicas en el derecho social vivienda, dejándolo en una alternativa de subsidios a las EGIS y empresas constructoras. Al respecto, según la tabla de subsidios directos de la OECD, Chile es de los países donde el Estado entrega menos subsidios directos a la vivienda dentro de su PIB1.
1 Interesante es poder revisar las estadísticas OECD para revisar las condiciones sociales de Chile en la siguiente página https://www1.compareyourcountry.org/housing/es/2/all/default nota del autor