En 1973, la dictadura trajo un quiebre profundo para muchos desarrollos sociales, económicos y políticos, y desde los 80s, incentivó la masificación de vivienda social en propiedad individual, basado en el modelo ABC (ahorro, bono -subsidio- y crédito). Este modelo logró varios objetivos en el contexto de las reformas neoliberales autoritarias: redujo la informalidad al mínimo (al menos hasta el final de los 90s), expandió los niveles de propiedad a casi un 70%, y posibilitó la creación de negocios inmobiliarios y bancarios de gran escala. El modelo chileno se expandió a lo largo y ancho de Latinoamérica y ha sido aclamado por agencias internacionales como una “buena práctica urbana”. En gran medida, las reformas neoliberales durante la dictadura, y luego con el retorno a la democracia, llevaron a una fractura con las experiencias previas de cooperativismo en vivienda, en términos de conocimiento social y práctico, y respecto a su impulso cultural. La creación de cooperativas disminuyó fuertemente, generando una ruptura histórica que resultó en una discontinuidad en la experiencia del cooperativismo en Chile. Al empezar el siglo XXI, la producción de vivienda social en propiedad empezó a mostrar una serie de problemas de precariedad física y urbana, lo que alentó un fuerte debate y descontento social acerca de la calidad y la localización.