Tras los reiterados episodios de emergencias climáticas que afectan al país —con calles anegadas, quebradas desbordadas y familias evacuadas—, el director del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales UC, Arturo Orellana, hizo un llamado urgente a reformar el sistema de planificación urbana en Chile. En su columna de opinión titulada «¿Y si mejor planificamos?», publicada por La Tercera el pasado sábado 24 de octubre, Orellana cuestiona que el diagnóstico sobre la falta de prospectiva y planificación sea un consenso amplio que no se traduzca en acciones concretas.
Lee a continuación la columna:
Cada vez que un sistema frontal o un episodio asociado al fenómeno de El Niño deja calles anegadas, quebradas desbordadas y familias evacuadas, la prensa repite transversalmente el mismo diagnóstico: faltó planificación, faltó prospectiva. Que el consenso sea tan amplio debería inquietarnos más que tranquilizarnos, porque un diagnóstico compartido que no se traduce en acción deja de ser conocimiento y, por lo tanto, se convierte en un desfile de lamentaciones y excusas.
El problema de fondo es que Chile sigue gestionando el territorio con instrumentos pensados para otra realidad climática. Muchos planes reguladores comunales datan de hace dos o tres décadas, cuando las variables de riesgo se trataban como anexos y no como criterio ordenador. Zonas hoy urbanizadas figuran en planos antiguos como áreas de expansión sin mayores restricciones, y nuevas poblaciones se emplazan en lechos de inundación o laderas inestables porque la norma vigente no lo impide. La ciudad crece al ritmo del mercado y de los permisos, no de lo que el territorio puede soportar. A esto se suma el factor tiempo. Actualizar un plan regulador puede tomar a veces una década o más, atravesando estudios, evaluación ambiental, consulta ciudadana, revisiones sectoriales y aprobaciones en distintas instancias. En ese lapso el clima cambia, la población crece y los riesgos mutan, de modo que muchos planes nacen obsoletos.
Un sistema que demora más que un ciclo completo de variabilidad climática no puede, por definición, anticiparse a nada. Pero sería cómodo atribuirlo todo a la burocracia. Lo que falta, sobre todo, es voluntad política. Planificar exige decisiones impopulares: limitar la construcción en terrenos valiosos, restringir usos, enfrentar a propietarios e inmobiliarias, y asumir costos hoy para beneficios que se verán después de la próxima elección. La política, atada a ciclos de cuatro años, premia la obra visible y la respuesta a la emergencia, no la prevención silenciosa. Por eso se prefiere reconstruir con fanfarria antes que regular con anticipación. Avanzar exige, al menos, tres cosas: simplificar y acortar los procedimientos de aprobación sin sacrificar participación; incorporar la gestión del riesgo y las proyecciones climáticas como contenido obligatorio y verificable de los planes, y dotar a municipios y gobiernos regionales de recursos técnicos y financieros para actualizarlos de forma periódica. La planificación urbana no es un lujo técnico ni un obstáculo al desarrollo: es la forma más barata de proteger vidas y patrimonio. Seguir postergándola es una decisión, y sus consecuencias ya las conocemos. La próxima inundación no será una sorpresa: será un resultado previsible.
