La Tercera publica carta de Felipe Irarrázaval, académico e investigador postdoctoral del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales y Sebastián Carrasco, de la Universidad Católica de Temuco.
Señor director:
La nueva estrategia nacional del litio busca aprovechar la demanda global de manera estratégica y sustentable. Buena parte de esta estrategia se traslapa con la Política del Litio y Gobernanza de Salares derivada de la Comisión Nacional del Litio de Bachelet II. En ese sentido, se puede considerar que la nueva estrategia retoma la senda de ese trabajo.
Muchas voces, particularmente en la oposición, instan a apurar el tranco. Para eso, sugieren, no se debe perder tiempo en construir capacidades estatales y se debe priorizar el rol de los privados con capacidades instaladas. Si bien este argumento es conversable, cabe recordar que buena parte del rezago en la materia se debe a decisiones erráticas que tuvo la actual oposición cuando fue gobierno.
Por ejemplo, a pesar de que durante Piñera I se tenían antecedentes que instaban a construir una política, solamente se optó por licitar un nuevo contrato de operación, el cual fue revocado rápida y escandalosamente. Durante el segundo gobierno de piñera no se desarrolló la política de Bachelet II, y todo lo que se trató de licitar y adjudicar (ITL y nuevos contratos) tuvo (nuevamente) deficiencias procedimentales y está judicializado.
En este contexto, las voces que tratan de moldear la política por la premura de la demanda, y acosar lentitud por parte del gobierno, deberían tener autocrítica, y todos deberíamos aprender de los errores cometidos.
Felipe Irarrázaval
Instituto de Estudios Urbanos UC
Sebastián Carrasco
Depto. Sociología, Ciencia Política y Administración Pública UCT.
