Javier Ruiz-Tagle, académico del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, participó en un reportaje de 24 Horas dedicado al uso irregular e ilegal de inmuebles fiscales en Chile, una problemática que, según cifras del Ministerio de Bienes Nacionales, afecta a más de 31 mil propiedades en el país.
El reportaje aborda los desafíos que enfrenta el Estado para recuperar estos terrenos y propiedades, diferenciando las ocupaciones ilegales de aquellas que corresponden a permisos vencidos o concesiones no renovadas, además de mostrar distintos casos de uso habitacional, comunitario y comercial en diversas comunas del país.
En ese contexto, Ruiz-Tagle explicó que los procesos de recuperación de inmuebles fiscales presentan características distintas a los de la propiedad privada, debido a que el Estado no enfrenta los mismos incentivos económicos que un propietario particular.
El académico del IEUT UC señaló que la recuperación de inmuebles fiscales no puede abordarse únicamente desde la perspectiva de la ilegalidad, sino también considerando el déficit habitacional y las condiciones de vulnerabilidad que explican muchas de estas ocupaciones.
«Cuando hay un terreno que es de propiedad privada, generalmente eso lleva a desalojos muy rápidamente porque hay un privado interesado en hacer otro tipo de negocio inmobiliario. En el caso del Estado los procesos son más lentos justamente porque el Estado no tiene la urgencia de tener que erradicar o desalojar».
Catalina Parot, Ministra de Bienes Nacionales, agregó que la complejidad aumenta cuando los terrenos han sido ocupados por familias que ya forman parte de la vida urbana y reciben servicios básicos por parte de los municipios.
«Se hace muy difícil cuando se trata de familias que ya además reciben servicios de parte de las municipalidades (…) Se hace muy difícil llegar allá de una manera tan violenta y desalojar a esas familias».
Asimismo, Ruiz-Tagle contextualizó este fenómeno en el escenario habitacional que enfrenta el país, señalando que las ocupaciones no pueden analizarse únicamente desde la perspectiva de la ilegalidad, sino también considerando las condiciones estructurales que las originan.
En esa línea, enfatizó que detrás de muchas ocupaciones existen situaciones de alta vulnerabilidad social.
«Muchas veces esto pasa por el debate público de que esto es un abuso, pero hay abusos por todos lados (…); finalmente el usuario final que llega ahí son las personas más vulnerables del país, las que llegan a vivir a campamentos».
El reportaje también revisa las estrategias que impulsa el Ministerio de Bienes Nacionales para regularizar, recuperar o disponer de estos inmuebles, así como los desafíos jurídicos, sociales y urbanos asociados a la administración del patrimonio fiscal.
Revisa el reportaje completo de 24 Horas
