Artículo de opinión de los académicos IEUT Caroline Stamm y Felipe Irarrázabal, publicado por La Segundo.
La «permisología» es un término que critica la excesiva burocracia que deben enfrentar los proyectos de inversión en Chile. La Comisión Nacional de Evaluación y Productividad ha logrado cuantificar el problema dando cuenta de una alta cantidad de permisos requeridos para distintos tipos de proyectos, los que dependiendo de su complejidad revisten mayores tiempos de tramitación. En ese contexto, es importante entender qué características tienen los proyectos que experimentan tiempos de tramitación más largos.
Cada proyecto presentado a evaluación tiene su historia propia. Sin embargo, cuando se analizan los de la última década en su conjunto se pueden identificar tendencias transversales. Según la investigación que hemos realizado, gracias al patrocinio del Centro de Políticas Públicas UC, un aspecto crítico son los proyectos de generación energética que tienen conflictos sociales asociados, que casi duplican los tiempos de tramitación: de 197 proyectos, aquellos que tienen conflictos y que son presentados como Declaración de Impacto Ambiental (DIA) tienen un promedio de tramitación de 677 días, versus 372 días de los otros. Si comparamos los proyectos que requieren un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), la tramitación promedio de los proyectos con conflictos dura 919 días, en contraste con 713 días de aquellos que no los tienen.
¿Por qué la existencia de conflictos repercute en un proceso administrativo canalizado por vías institucionales? Hay varias teorías. Lo que hemos podido dar cuenta con datos es que, cuando hay conflictos, los procesos de participación ciudadana regulados por la ley tienden a congregar una mayor cantidad de personas que realizan observaciones, lo que aumenta el tiempo de tramitación.
Esto se agudiza en aquellos proyectos presentados como DIA, lo que se puede explicar debido a que al ser de menor envergadura —comparado a aquellos con EIA —, presentan informes de menor robustez. Entonces, hay mayor probabilidad de que las observaciones ciudadanas mencionen puntos que no estaban debidamente abordados por el titular en la primera etapa de presentación de proyecto.
Los resultados presentan evidencia robusta sobre la relevancia del relacionamiento entre titulares de proyectos y comunidades en el proceso de evaluación ambiental. Por este motivo, las propuestas de modificaciones al SEIA que busquen mejorar los tiempos de tramitación deben considerar prioritariamente mejorar los estándares de participación ciudadana y relacionamiento comunitario. La implementación del acuerdo de Escazú apunta en la dirección correcta; esta situación no es relevante sólo para profundizar la democracia y promover un desarrollo inclusivo, sino también para que los proyectos que se ajusten a la normativa se implementen de mejor manera. La «permisología» no es solo un problema de funcionamiento del Estado, sino también de cómo los titulares de proyectos se relacionan con el Estado y la sociedad civil.
