El lunes 16 de junio, el académico del Instituto de Estudios Urbanos UC e investigador principal de CEDEUS, Luis Fuentes, expuso en la Comisión de Constitución del Senado como experto en la incorporación del Derecho a la Ciudad dentro de la Constitución Política de la República de Chile.
El Derecho a la Ciudad es un concepto clave para construir ciudades más justas, equitativas y sustentables. Este principio reconoce que todas las personas tienen derecho a habitar, usar, participar y transformar los espacios urbanos en los que viven. Sin embargo, son pocos los países que han incorporado este derecho en sus constituciones.
Japón y Corea, por ejemplo, lo vinculan al crecimiento económico a través de ciudades planificadas, mientras que países como Brasil e India lo han adoptado como una forma de enfrentar la pobreza urbana y mejorar las condiciones de vida en asentamientos precarios.
En Chile, esta discusión comenzó a tomar fuerza durante el proceso constitucional, pero quedó en el aire luego de los plebiscitos que sepultaron las aspiraciones de tener una nueva carta magna, pese a que esta propuesta en particular tuviera apoyo en todos los sectores políticos y entre el mundo público – privado.
A pesar de ello, este lunes 16 de junio, el académico del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales e investigador principal de CEDEUS, Luis Fuentes, participó en la sesión de la Comisión de Constitución del Senado, con el objetivo de presentar argumentos para que el Derecho a la Ciudad sea incorporado en la Constitución Política de Chile de una manera funcional.
Para el investigador resulta incomprensible que la palabra «ciudad» prácticamente no aparezca en la Constitución, pese a que el 88% de los chilenos vivan en un área urbana. «Es importante reconocer este tipo de hábitat que concentra tal cantidad de población para poder garantizar derechos», señaló el investigador.
¿Qué significa el Derecho a la Ciudad?
El derecho a la ciudad no se limita al acceso a servicios básicos. También implica la posibilidad de incidir en las decisiones urbanas, acceder equitativamente a los recursos del territorio y vivir en entornos seguros, integrados y sustentables.
Al reconocer este derecho, los Estados se comprometen a garantizar políticas públicas urbanas coordinadas, que consideren las dimensiones sociales, ambientales y económicas del desarrollo urbano.
Pensar una buena planificación urbana
Casos como Bajos de Mena en Puente Alto y el barrio Aurora de Chile en Concepción muestran lo que ocurre cuando el desarrollo urbano no se piensa desde una perspectiva integral.
En el primero, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) construyó un conjunto habitacional bien equipado, con juegos y accesibilidad universal, pero sin coordinación con el Ministerio de Transportes. El resultado derivó en que cientos de vecinos debían caminar más de un kilómetro para llegar al paradero más cercano.
En el segundo, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) comenzó la construcción del Puente Chacabuco sobre el barrio Aurora de Chile sin realizar estudios de impacto social ni ambiental. Esto obligó a más de 600 residentes a abandonar el radio urbano de Concepción, afectando directamente su arraigo, redes y calidad de vida.
Estos casos reflejan una ausencia de planificación urbana intersectorial, que podría haberse evitado con un marco normativo robusto como el que ofrece el derecho a la ciudad, lo que permitirá establecer un marco orientador para todas las políticas públicas urbanas, ya que no solo mejoraría la calidad de vida de millones de personas, sino que también permitiría anticipar conflictos, fortalecer la resiliencia urbana y reducir desigualdades territoriales.
Para Luis Fuentes, que se incorpore este derecho a la Constitución permite, por una parte, el acceso a bienes y servicios básicos y, por el otro, le entrega un mandata al Estado en su relación con la ciudad. «Tenemos un Estado que funciona de manera sectorial, donde cada ministerio se preocupa de su área, pero nadie vela porque exista una coordinación entre ellos».
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Información periodística CEDEUS
