50 años de programa de agua potable rural en Chile: Un análisis institucional y normativo en el marco de la reforma del sector.

El agua es un elemento que está presente tanto en el mundo urbano como en el rural, de diferentes formas y presente en distintas actividades, siendo el agua potable un elemento que en el mundo rural comenzó a ser parte del mismo a partir del año 1964 cuando se implementa en Chile el Programa de Agua Potable Rural (PAPR), en un contexto en que existía sólo un 6% de cobertura del mismo. En este punto, es que el PAPR sólo se concentraba en lo que define el Plan Regulador Comunal como no urbano, enfocándose en localicades no concentradas – variando su dimensión con el paso del tiempo- abarcando al 2010 la totalidad de aquellas, avanzando en las localidades semiconcentradas y quedando como desafío las localidades dispersas de las zonas rurales. El PAPR históricamente fue asumido por distintos organismos y financiado en gran medida por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para luego ser asumido por el Estado de Chile a partir de 1994 cuando recae en el Ministerio de Obras Públicas (MOP) el cual sigue actualmente a cargo del PAPR. En los años 90` – cuando deja de existir el Servicio Nacional de Obras Sanitarias (SENDOS)- es que se produce la reforma sanitaria urbana dotando de normativa e institucionalidad al sector – Ley General de Servicios Sanitarios, Ley de Tarifas y Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS)- dejando fuera los territorios rurales, quedando en un espacio intermedio entre la política pública de salud, de infraestructura, de vivienda rural y la política medioambiental” (Fuenzalida, 2011: 10). En este sentido, es que el PAPR queda a cargo de la Subdirección de Agua Potable Rural – dependiente de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH)- encargado principalmente de financiar los proyectos a través de la glosa presupestaria-, las Unidades Técnicas (UT) – que en su mayoría son empresas sanitarias urbanas- realizar la asistencia técnica y la gestión de proyectos- y los comités y cooperativas encargados de “administrar, operar y mantener” los Sistemas de Agua Potable Rural (SAPR) a nivel local (Donoso, 2015: 13). A la fecha, se estima que la cobertura de agua potable del PAPR – que no cubre saneamiento- es de un 72% de la población rural, siendo reconocido como un elemento de éxito del PAPR – y su permanencia en el tiempo- es la gestión comunitaria de los SAPR realizado por los y las dirigentes rurales, siendo el saneamiento un elemento escazamente presente en el mundo rural. Actualmente, existe un proyecto de ley que crea los Servicios Sanitarios Rurales (SSR) (Boletín 6250-09) presente en el Congreso desde el año 2008, proyecto que ha tenido la particularidad de tener participación activa por parte de los y las dirigentes de los SAPR. El presente proyecto de ley busca dar respuesta a esta necesidad del mundo rural de dotar de institucionalidad y una normativa para el sector sanitario rural, principalmente que conserve y refuerce el modelo de gestión de comunitaria presente en los SAPR, que proteja los territorios operacionales ante las amenazas de concesión por parte de las empresas sanitarias que operan con otra lógica y que finalmente se haga cargo del saneamiento en las zonas rurales. Los principales cambios identificados en dicho proyecto dice relación con que se creará una Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales – ya que ahora incluye el saneamiento- que se encargará dentro de múltiples funciones la de asesorar técnicamente a los SAPR aumentando su dotación de manera gradual para su labor – cuestión que bajo el actual PAPR lo realizan las UT existiendo un recelo por parte de los SAPR en dicha materia-, los APR se denominarán SSR por la misma razón anterior y además, se le otorga competencia a la SISS en materia rural para que regule y fiscalice. Para lo anterior, se revisaron documentos, informes, datos proprocionados por la DOH, entrevistas semiestructuradas a seis actores claves durante el mes de noviembre de 2016 en materia de proyecto de ley que crea los SSR para identificar desafíos presentes en la gestión del PAPR y su relación con el presente proyecto. Se identificaron desafíos vinculados con temas de la estructura actual del PAPR, de la institucionalidad, de la normativa, de cobertura del PAPR, en saneamiento, participación, capacitación, información disponible, en infraestructura, en tarifas y subsidios y por último desafíos relacionados con la disponibilidad del agua en contexto de escasez. Finalmente, es que existe un consenso amplio que dice relación con la necesidad de dicha ley y que viene a responder varios de los desafíos planteados, pero existen desafíos que no necesariamente se responden con la promulgación de dicha ley sino que corresponde al accionar de los actores, de las instituciones creadas y también de la modificación de otros cuerpos legales –como el actual Código de Aguas- para que en su implementación tenga éxito para el mundo rural, en el que el agua es declarado por las Naciones Unidas como un derecho humano y como un Objetivo de Desarrollo Sustentable, con la finalidad de que se disminuya la brecha presente entre el mundo rural y urbano en dicha materia.