En el contexto de los recientes incendios en el área metropolitana de Concepción, una Carta al Director en El Mercurio del director del IEUT UC, Arturo Orellana, vuelve a poner en debate los efectos de retrasar la actualización de los instrumentos de planificación territorial. Sus reflexiones hacen referencia al estudio desarrollado por la DESE UC para el Gobierno Regional del Biobío, que advirtió tempranamente sobre los riesgos de mantener un marco normativo desactualizado.
Los incendios que han afectado recientemente al área metropolitana de Concepción no solo han dejado pérdidas humanas, materiales y ambientales, sino que también han reabierto un debate estructural sobre la forma en que se planifican —o se dejan de planificar— nuestras ciudades.
“La decisión de postergar los procesos de actualización de los instrumentos de planificación normativa solo aumenta la posibilidad de exposición al riesgo de sus residentes”.
Arturo Orellana, director IEUT UC y jefe de proyectos DESE UC
En una carta al director publicada en el marco de esta catástrofe, el director del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales UC (IEUT UC) y jefe de proyectos de la Dirección de Extensión y Servicios Externos (DESE UC), Arturo Orellana, advierte sobre las consecuencias de no dar continuidad a los procesos de planificación territorial, particularmente en contextos marcados por el cambio climático y la expansión urbana desregulada. Su reflexión apunta a una dimensión crítica de la política pública: la planificación que no se actualiza a tiempo termina amplificando los riesgos que busca prevenir.
Las alertas planteadas en la columna encuentran un respaldo directo en el estudio desarrollado por la Dirección de Extensión y Servicios (DESE) de la Universidad Católica, encargado por el Gobierno Regional del Biobío y con contraparte técnica de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo. El trabajo se centró en la actualización de la Imagen Objetivo del Plan Regulador Metropolitano de Concepción, vigente desde 2003, y evaluó su capacidad para responder a los desafíos actuales del territorio.
El estudio identificó múltiples riesgos en el área metropolitana y evidenció la insuficiencia del marco normativo para enfrentar fenómenos extremos, asentamientos fuera del límite urbano, fricciones de uso de suelo y exposición creciente de la población a amenazas ambientales. Tal como señala Orellana, la postergación de estos instrumentos no es una omisión neutra, sino una decisión que incrementa la vulnerabilidad territorial.
Desde la DESE, su jefe del área de planificación, Simón Guzmán, enfatiza que una planificación prospectiva resulta clave para el desarrollo urbano en escenarios de alta incertidumbre. El estudio abordó dimensiones como infraestructura ecológica, expansión urbana, desarrollo productivo y exposición a riesgos, con el objetivo de reducir vulnerabilidades y mejorar la calidad de vida de las personas.
Tanto la columna como el estudio convergen en un mismo punto: la necesidad urgente de fortalecer la continuidad de las políticas públicas y avanzar en instrumentos de planificación actualizados, construidos desde el trabajo colaborativo entre universidades, gobiernos regionales, ministerios y sociedad civil.
La catástrofe vuelve a recordarnos que la planificación territorial no evita por sí sola los desastres, pero su ausencia —o su retraso— puede hacerlos más devastadores. Prevenir, en este contexto, también es una decisión política.
