Equipo de expertos/as en planificación detallan para CIPER medidas concretas y de posible rápida adopción frente a una amenaza que el cambio climático volverá cada vez más frecuente. La columna fue escrita por un equipo de académicas y académicos del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales UC compuesto por Carolina Rojas, Caroline Stamm, Giovanni Vecchio y Roberto Moris, junto a Octavio Rojas de la Facultad de Ciencias Ambientales UdeC. Puedes leer la columna publicada a continuación:
Chile es un país con una geografía diversa, compleja y una amplia variedad de condiciones climáticas. Además, es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático. Una de las amenazas naturales más frecuentes y devastadoras que enfrenta —y a la cual sí o sí tendremos que adaptarnos— son las inundaciones. Una planificación territorial adecuada, flexible, segura e integrada desempeña un papel fundamental en la mitigación de los impactos de las inundaciones. Al implementar medidas preventivas y estrategias de gestión sostenible del agua con el conocimiento local, se protege a las comunidades y se reducen los riesgos asociados con estos eventos extremos.
Si bien la planificación territorial ha sido deficiente en la gestión hídrica y de los ecosistemas, su necesaria y urgente evolución debería poner foco en la reducción de los efectos negativos de las inundaciones y anegamientos en Chile. A través de una serie de enfoques, estrategias y medidas, se pueden minimizar los impactos y aumentar la resiliencia de las ciudades y comunidades rurales frente a estos eventos. Urge un Plan de Emergencia para planificación territorial; para contar con un marco que permita una real planificación y gestión integrada. Por ello, proponemos:
(i) zonificación y regulación responsable del uso del suelo: la planificación territorial establece los usos y normas urbanísticas que determinan qué tipo de desarrollo puede llevarse a cabo en diferentes áreas. En muchas ocasiones, se han destinado áreas inundables; por ejemplo, llanuras de inundación y humedales, como zonas de expansión urbana residencial o para infraestructuras de transporte. Ejemplos hay muchos: el Humedal Desembocadura del río Elqui, la cuenca del Copiapó, el Humedal Rocuant-Andalién, Humedal de Los Molles, entre otros. La zonificación responsable ayuda a evitar la construcción en áreas de alta peligrosidad de inundaciones para no generar nuevas áreas de riesgo. Se protege así a las comunidades y se evitan daños innecesarios (que van desde la humedad e insalubridad en las viviendas hasta su completa destrucción por la inundación).
(ii) infraestructura azul-verde: la planificación territorial debe fomentar la integración de las soluciones basadas en la naturaleza, con infraestructuras seguras y flexibles, tales como parques fluviales, conservación de humedales, áreas verdes con drenaje filtrantes, restauración de riberas de ríos y sistemas de drenaje urbano sostenible. Es decir, infraestructuras que se pueden inundar y luego recuperarse, aumentando sus beneficios sociales. Estas infraestructuras azules y verdes pueden ayudar a absorber y retener el agua de lluvia, reduciendo la cantidad de agua que fluye hacia los sistemas de drenaje y conducir el agua disminuyendo el riesgo de inundaciones. Asimismo, es necesario adaptar las infraestructuras existentes inadecuadas, como lo demuestran los cortes en las carreteras y en las líneas férreas. Los corredores de transporte pueden transformarse en infraestructuras multipropósito; es decir, permitir la movilidad de personas y de carga y, al mismo tiempo, actuar como soporte para infraestructuras verde-azules. En esta línea, la ampliación de una carretera o el potenciamiento de un eje ferroviario pueden ser oportunidades para realizar estructuras para el manejo de aguas residuales. Esta estrategia permitiría anticiparse a los efectos del cambio climático interviniendo en las zonas potencialmente más impactadas, reduciendo además el costo futuro de las reparaciones de daños.
(iii) ordenamiento territorial: la planificación territorial considera el emplazamiento adecuado de infraestructuras críticas, tales como hospitales, escuelas y servicios de emergencia, los cuales evidentemente deben estar lejos de áreas propensas a inundaciones. Lamentablemente, el hospital de Licantén ya había sufrido inundaciones que hacían urgente su relocalización. Los servicios esenciales críticos no deben ser interrumpidos y se debe asegurar el acceso de las personas al agua potable y al refugio necesario. Al mismo tiempo, es necesario evitar que primeras y segundas viviendas se encuentren en zonas de amenaza hidrometeorológico (un desafío mayor cuando éstas se emplazan en las zonas rurales, que los Planes Reguladores Comunales no pueden regular). Es urgente disponer de mapas de inundación detallados, y mejorar el acceso a esa información territorial por parte de la población que adquiere un terreno o compra una vivienda. Estas estrategias se pueden combinar con normas de construcción resistentes a las inundaciones en sectores con amenazas bajas o poco frecuentes. Se requiere un ajuste sustantivo del marco legal. No podemos seguir gastando recursos en instrumentos que no están cumpliendo su función.
(iv) sistemas de alerta temprana y gestión de emergencias: la planificación territorial debe promover la implementación de sistemas de alerta temprana, planes de gestión de riesgos y de emergencias efectivos, con mayores recursos para los municipios. Estos sistemas permiten una respuesta rápida y coordinada ante las inundaciones, lo que puede salvar vidas y reducir los impactos a largo plazo. El nuevo Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres es un desafío de integración y de complementación, no sólo de SENAPRED.
(v) educación y participación comunitaria: la planificación territorial debe incluir programas de educación y concientización sobre los riesgos de inundaciones y las medidas de mitigación. Promover la participación activa y generalizada de la comunidad en la planificación y toma de decisiones aumenta la consciencia colectiva, la capacidad de adaptación, y la capacidad de respuesta, lo que puede salvar vidas y reducir los daños. Es importante aumentar la resiliencia de las comunidades expuestas al riesgo de inundación y las multiamenazas, trabajando con ellas en planes de acción frente al riesgo de desastres, y tomando en cuenta las desigualdades presentes en los territorios. Las amenazas no están afectando de manera similar a todos, y en muchos casos, las poblaciones más vulnerables están más expuestas.
