Columna de opinión del investigador Felipe Irarrázaval, publicada por CIPER Académico.
Nos habíamos acostumbrado a que en las elecciones los candidatos del distrito 11 (y más precisamente de las tres comunas del rechazo) terminaran representando a todas las circunscripciones. En esta constituyente, en cambio, hay una colección de liderazgos que provienen de los rincones de Chile y traen al debate las esperanzas y miedos de esos lugares. La columna explica que esos liderazgos crecieron, en gran medida, como resultado de luchas socioambientales que se vienen desplegando desde hace una década y en las que confluyen la crítica al impacto ambiental del modelo de desarrollo y criticas específicas a inversiones que la autoridad local no controló y producen “impresentables niveles de contaminación, como Quinteros, Puchuncaví, Freirina”.
Uno de los hechos más relevantes de la Convención Constituyente es la gran cantidad de independientes. En ese mundo, un aspecto central es la reivindicación del territorio que hacen los convencionales electos. El contrapunto con los partidos tradicionales es simple. Mientras los estandartes de los viejos partidos vivían en el distrito 11, pero representaban circunscripciones a lo largo del país sin estar con contacto con la realidad cotidiana de estos territorios, esta nueva camada de convencionales y gobernadores se jacta de provenir de distintos rincones del país y ser portavoces de las miserias, miedos y esperanzas de estos lugares.
En esta columna sostengo que las raíces de esta tendencia están en las movilizaciones socio-territoriales registradas en la última década, y examino algunas dimensiones en que el territorio jugó un papel relevante en la última elección.
Para contextualizar la base del fenómeno, hay que entender que la sociedad chilena estaba en un proceso de politización al margen de los espacios institucionales durante la última década. Como reporta el PNUD (2020), entre el 2008 y 2018 se observa un aumento en el involucramiento de personas que participan en actividades políticas, pero que no se identificaban con el sistema de partidos ni con posiciones políticas tradicionales. Una de las dimensiones en que se expresaba esta politización no institucionalizada era las protestas en torno a temáticas socioambientales (Patagonia Sin Represas, No Alto Maipo, No a Pascua Lama) y por demandas localistas (Calama y Aysén 2011).
Si bien estas temáticas no alcanzaban la visibilidad de la movilizaciones estudiantiles o laborales a nivel nacional, representaban de manera estable entre el 5 y 10% de los eventos de protestas por año en la última década, y se constituían como aspectos claves de la movilización a nivel regional (COES, 2020).
Estas movilizaciones pueden ser entendidas como socio-territoriales en su base, en tanto abordan temáticas que afectan directamente a la población y relaciones sociales de un territorio determinado (Delamaza, 2019; Mançano, 2005). Si bien parte de este espectro de movilizaciones se asocia a temáticas ambientales, estas no deben ser confundida con los movimientos ambientalistas tradicionales. Mientras estos últimos se caracterizaban por temáticas generales, como por ejemplo la energía nuclear, caza de ballenas, o cambio climático, la movilización socio-ambiental en las últimas década ha tomado un carácter de mayor especificidad geográfica, en donde confluye una crítica respecto a las implicancias ambientales del modelo de desarrollo, con demandas respecto a la autodeterminación local frente a la realización de proyectos de inversión (Isla Riesco, Penco GNL, Tiltil ) e impresentables niveles de contaminación (Quinteros, Puchuncaví, Freirina). En este escenario, surgen liderazgos locales en torno a movilizaciones sociales de mayor amplitud que buscan preservar o mejorar los estándares de calidad de vida de la población y/o el cuidado del medio físico-natural local.
Muchas veces la literatura, así como los medios de comunicación, entiende estas movilizaciones como egoístas y aisladas, y plantea que son parte de un fenómeno propio de las democracias liberales en donde ningún grupo social acepta intervenciones en sus espacios locales. Esta crítica, conocida como NIMNBY (acrónimo en inglés para la expresión “no en mi patio trasero”) oculta las implicancias de la multiplicidad y sistematicidad de estas movilizaciones, e imposibilita la compresión de la relación entre los recientemente electos convencionales y el territorio.
Penaglia et al., (2015) plantean que, si bien estas movilizaciones suelen partir de una situación NIMBY, han tendido a niveles de mayor politización en torno la incapacidad del estado de dar respuesta legitima a sus demandas, ante lo cual se producen conflictos con demandas plurales y con un componente anti-centralistas fuerte. En ese sentido, estas movilizaciones han dado pie a demandas de mayor amplitud temática. Delamaza (2019) plantea que la acumulación y combinación en el tiempo de estas movilizaciones da espacio para que surjan nuevos actores políticos, periféricos a la política centralista del país, y distantes de los tradicionales partidos y organizaciones sociales.
Hasta esta elección, la hipótesis de Delamaza (2019) no encontraba respuesta en las disputas electorales. Si bien se podría interpretar en la marcada tendencia del Apruebo en zonas de sacrificio ambiental en esa dirección, aun no eran del todo visible el efecto de este tipo de movilizaciones en las contiendas electorales. Lejos de eso, actores como Iván Fuentes derivado de las movilizaciones del Aysén del 2011, o Esteban Velázquez (Calama 2011) tendían a alinearse con los actores políticos tradicionales y no daban cuenta de una ruptura con el sistema tradicional. El primero no solamente cooptado, sino también despreciado.
Sin embargo, los resultados de la última elección entregaron evidencia para confirmar lo que venía afirmando la literatura. Las trayectorias políticas de al menos 21 constituyentes electas se encuentran explícitamente marcadas por activismo socioambiental arraigado en problemáticas locales. Esto puede ser extendido a la gobernación de Valparaíso, que será liderada por Rodrigo Mundaca, y a la segunda vuelta por la gobernación de Antofagasta, a la cual Ricardo Díaz accedió holgadamente, y posiblemente también a diferentes alcaldías y concejalías. Estas trayectorias de distintas regiones del país no deben ser entendidas como ambientalistas en un sentido tradicional, sino en función de demandas territoriales articuladas en torno temáticas ambientales. Cómo plantea Svampa (2019), hay una tendencia en las luchas socio ambientales de América Latina en no solamente reivindicar la protección del medio ambiente, sino también en demanda una mayor autonomía territorial para la gobernanza de los recursos naturales y proyectar alternativas al modelo de desarrollo neoliberal. Esto es coherente con las entrevistas que se pueden leer de estos convencionales, en tanto no solamente debaten sobre institucionalidad ambiental, sino también se alinean con temáticas como la descentralización y modelo de desarrollo.
Sin embargo, en esta elección se puede proyectar la relevancia del territorio más allá de la influencia de los conflictos socio territoriales en las trayectorias políticas. Esto debido a que un componente discursivo central de parte importante de los independientes, particularmente en la Lista del Pueblo, era el territorio. Ya sea para afirmar que tenían un trabajo territorial importante, el cual puede ser entendido como un trabajo de base en organizaciones comunitarias, o bien para dar cuenta de sus orígenes y contacto intimo con la población, el territorio fue un recurso discursivo muy relevante para marcar distancia de los partidos políticos tradicionales. Si bien es necesario hacer un análisis en profundidad de esta dimensión, se pueden plantear algunas pistas. Por ejemplo, Halvorsen (2021) plantea que el territorio facilita la formación de organizaciones de base en tres dimensiones. Primero, el contacto cotidiano a escala local facilita la agregación de nuevos integrantes, así como también visibilizar la presencia de la organización. En segundo lugar, facilita la construcción de lazos entre militantes y simpatizantes, los que comparten varios aspectos de sus trayectorias de vida y sus dinámicas cotidianas. Se conocen y articulan en ferias libres, se encuentran en el transporte público, y conviven en espacios públicos. Esto dos aspectos son relevantes en el caso chileno debido al sistema proporcional, en donde se pueden proyectar estrategias electorales basadas en nichos geográficos claves. En tercer lugar, y lo más evidente de la última elección, el territorio permite generar una identidad basada en experiencias locales que aglutinan los aspectos comunes y distintivos de la identidad política. Frente al distanciamiento de las elites del país respecto del resto de la población, el territorio aparece como un elemento discursivo que busca dar cuenta como estos nuevos actores políticos provienen y están en contacto con la cotidianeidad de los chilenos y chilenas comunes.
Tanto las movilizaciones socio-territoriales como el uso discursivo del territorio tienen en común un marcado interés por construir una forma de hacer política que tenga un dialogo activo con lo local, y sobre todo por incorporar las visiones de grupos sociales periféricos de la política chilena. Es probable que estos nuevos actores aporten a tener una profundización democrática en clave espacial, la que ya se visualiza en las trayectorias geográficas de los nuevos actores electos. Esto potencialmente puede promover un desarrollo territorial inclusivo, el cual sin duda depende de la existencia de la geometría del poder entre las fuerzas políticas. Dicho de otro modo, es difícil esperar un desarrollo territorial inclusivo cuando los actores políticos piensan la descentralización desde Santiago o de una terna de comunas de esa ciudad. La debilidad de los discursos e iniciativas de descentralización de las últimas décadas se explica en buena medida por estos actores, los que han bloqueado o congelado sistemáticamente las iniciativas que han buscado redistribuir los recursos del estado y profundizar la democracia a niveles subnacionales.
Sin duda el fenómeno de las últimas elecciones es multi dimensional, y no puede ser subsumido en el territorio. Sin embargo, éste entrega pistas para examinar la ruptura con los partidos políticos tradicionales y con tendencias históricas respecto a la relación entre el gasto y el éxito electoral. También hay que ser cauto para identificar si esto es coyuntural de esta elección, o bien es un nuevo aspecto relevante para analizar las fuerzas políticas institucionalizadas. Sin embargo, se puede observar que las demandas territoriales han crecido cuantitativa y cualitativamente en la última década, y en esta ronda dejaron de maullar en luchas políticas aisladas, para rugir en la convención constituyente. Esto es una condición necesaria, más no suficiente, para avanzar hacia un desarrollo territorial inclusivo.
