De acuerdo a datos entregados por El Mercurio el número de familias que vive en campamentos pasó de ser 20.000 en 2010 a 113.000 en 2023. Expertos atribuyen la caída al caso Convenios.
Revisa los comentarios del académico IEUT Óscar Figueroa, en la nota publicada por El Mercurio el pasado 29 de noviembre.
Creado en 2011, el Programa Aldeas y Campamentos —posteriormente llamado Programa de Asentamientos Precarios— se diseñó inicialmente para transferir recursos a las municipalidades con
el objetivo de abordar esa realidad. Sin embargo, más tarde, ante la magnitud del problema, se optó por abrir el programa a la participación de privados, y de esta forma, la implementación recayó
en manos de fundaciones, muchas de ellas cuestionadas más tarde por el caso Convenios.
Hoy, mientras los campamentos aumentan en el país, expertos advierten sobre la caída de 46% en el presupuesto asignado a este programa para el próximo año respecto de 2024.Para Benjamín Donoso, capellán de TechoChile, esto es un retroceso crítico en los esfuerzos por abordar la crisis habitacional, y advierte que el número de familias en campamentos creció más de 400% en poco más de una década, pasando de 20 mil en 2010 a 113 mil en 2023: “Es innegable que estamos frente a un problema que se ha vuelto estructural en el país, para el que la política habitacional no está dando abasto”, añade.
Óscar Figueroa, profesor del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales UC, apunta que “hay un elemento de desconfianza muy grande, por todas las situaciones que han ocurrido con el caso Convenios. Es complicado que se reduzcan los recursos, porque las necesidades van creciendo”.
Carlos Marambio, director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales, lo califica como “una noticia lamentable”, y agrega que “el encargado actual del programa indica como explicación que la razón del bajo presupuesto 2025 es porque la ejecución del programa en 2023 fue más baja aún. ¿No agrava esto aún más la situación?”. Esto, a raíz de lo señalado por Andrés Palma, jefe del Departamento de Asentamientos Precarios del Minvu, mediante una carta al director publicada en “El Mercurio”.
Consultado, Palma respondió por escrito que “el presupuesto, ley contra ley, sí tiene una disminución, pero la ejecución no tiene gran cambio”. “A causa del caso Convenios se ha tenido que destinar muchísimo tiempo a revisar antecedentes, responder solicitudes de instancias fiscalizadoras y atender la tensión del proceso”, añade. Asimismo, también explica que actualmente se transfiere el total de los recursos desde el programa a los Serviu, aunque estos se ejecuten en varios años, y “a partir de 2025 se transferirán solo las cuotas del año presupuestario”.
Con respecto a las acciones concretas que se tomarán para ejecutar el presupuesto y abordar el trabajo en los campamentos, sostiene que “la principal medida es la reorganización del trabajo con foco en los resultados, para lo que se está fortaleciendo el trabajo conjunto en las regiones entre Seremi, Serviu y Asentamientos Precarios”. Según el último informe de ejecución trimestral de este año, hasta agosto se había usado solo un 2,9% del presupuesto de este programa, equivalente a 1.731 millones de pesos.
