La última versión de la Casen Vivienda presentada a finales del 2023, cifró que el déficit habitacional es de 554.046 viviendas en el país, con la Región Metropolitana concentrando el 60% de las unidades; le sigue Valparaíso (6,8%), Antofagasta (5%) y Biobío (4,2%). En este contexto, EMOL conversó con diversos expertos y actores relevantes en la materia, entre ellos, el académico IEUT, Javier Ruiz-Tagle.
La semana recién pasada entre el 14 y 16 de mayo fue celebrada la Semana de la Construcción, instancia donde la Cámara Chilena de la Construcción presentó una serie de propuestas. Una de ellas, según consigna EMOL, es la «cesión de suelo fiscal para que las empresas puedan invertir y luego construir un edificio de departamentos por 25 años, donde un número de las viviendas estará destinado para arriendo protegido con subsidio, mientras el porcentaje restante se ofrezca al mercado general. Al cumplirse el plazo, tanto el terreno como el proyecto serán del Estado para que pueda relicitarlo o administrarlo».
Sobre esto, el académico IEUT, Javier Ruiz-Tagle, quien es jefe del Diplomado en Políticas de Vivienda y Ciudad comentó: «anteriormente han habido otras experiencias de concesiones para arriendo protegido, las cuales han sido en este Gobierno. No la operan entidades con fines de lucro, sino entidades sin fines de lucro y así se hizo para dar soluciones a familias en campamentos, con el trabajo de la misma CChC en una mesa técnica que se hizo en Chillán, y con Techo participando (como) encargada de la administración del arriendo»
Precisa que, cuando se encarga esta construcción de administración del arriendo a una entidad que tiene fines de lucro para una concesión en suelo público, empiezan a haber “contradicciones de lo que se está proponiendo, y dando espacio a que haya una actividad lucrativa con bienes que son del Estado, y eso es más complejo de tratar”.
Asimismo, agrega que “si con suelo público se están generando ganancias privadas y estando en plena crisis habitacional, a mí me parece que no corresponde. En el fondo va a contribuir potencialmente a un alza de precio. Entonces, deberían ser proyectos concesionados para arriendo protegido sin fines de lucro y en un 100% con arriendo protegido, y no simplemente con un porcentaje reducido»
