En el Expreso Bío Bío, la directora del Núcleo de Investigación Patrimonios (NupatS) y académica del IEUT UC explicó que Chile combina normas locales y legislación estatal.
A principios de noviembre, en Puerto Montt, un joven fue obligado a pagar 300 mil pesos tras realizar un rayado en una jardinera en el centro de la ciudad. El hombre habría realizado el rayado el pasado 15 de mayo de 2025 y fue identificado por acción de la SIP de Carabineros.
En medio de años de debates respecto de la vandalización del espacio público, especialmente tras el estallido social de 2019, el caso llamó la atención de los medios y de la opinión pública, de sur a norte del país.
“Hemos logrado una nueva condena, una cuarta condena, esta vez por rayado en nuestra ciudad de Puerto Montt. Nosotros lo hemos dicho en todos los tonos: no vamos a permitir que sigan grafiteando ni rayando nuestra ciudad y quien lo haga va a tener consecuencias”, dijo el alcalde Rodrigo Wainraihgt.
Frente a la curiosidad que generó la aplicación de la sanción municipal, el programa Expreso Bío Bío entrevistó a la directora del Núcleo de Investigación Patrimonios (NupatS) y académica del IEUT UC, Macarena Ibarra.
Ibarra comentó que “experiencias internacionales muestran que algunas expresiones pueden integrarse mediante autorización de propietarios o municipios” y que la respuesta punitiva debe complementarse con programas preventivos, educación cívica y estrategias de convivencia en el espacio urbano
