En marzo de 2020, la autoridad sanitaria confirmaba el primer caso de COVID-19 positivo en Chile, una enfermedad zoonótica, viral, originada en un mercado de animales en China, altamente contagiosa y de la cual se sabía muy poco.
A las semanas, los casos comenzaron a multiplicarse, no solo en chile, sino en todo el mundo, lo que llevó a la OMS a declarar la expansión de la enfermedad como una pandemia.
Así, las principales ciudades de Chile comenzaban a vivir sus primeras semanas y meses de confinamiento, obligando a las personas a permanecer dentro de sus casas, a obtener permisos especiales para el desplazamiento, y a reducir al máximo posible la movilidad y aglomeraciones, para frenar y distanciar los contagios en el tiempo para no saturar la red de atención de salud.
¿Sirven las cuarentenas para frenar contagios? Desde un punto de vista epidemiológico, sí, porque al reducir la movilidad el virus pierde opciones de multiplicación, y ello permite ganar tiempo para fortalecer la atención de salud, aumentar camas críticas y trabajar para el desarrollo de vacunas.
Pero, ¿qué sucede cuando en los criterios de confinamiento las autoridades desconocen los contextos disímiles de distintos sectores de la ciudad y toman decisiones sin una mirada urbana y territorial pertinente en todas sus escalas (vivienda, barrio y ciudad)?
Para abordar esta área poco explorara en medio de la pandemia, nació el proyecto “Vivienda, barrio y ciudad en el control de epidemias. Consideraciones sociales y urbanas para la formulación de políticas públicas de aislamiento y de distanciamiento social en Chile”, iniciativa ANID-COVID-19 que dirige la profesora Macarena Ibarra, con la participación de los profesores/as e investigadores/as Felipe Link, Christian Matus, María Luisa Méndez, Javier Ruiz-Tagle y Felipe Valenzuela.
“El control de la actual pandemia en Chile ha involucrado, entre otras medidas, la cuarentena obligatoria y el distanciamiento social. Este proyecto sostiene que tales medidas no han considerado la importancia de aspectos sociales y urbanos en diferentes escalas (vivienda, barrio, ciudad), que dan cuenta de las particularidades de los territorios y que, en parte, explican las respuestas de la ciudadanía ante tales resoluciones”, sostienen los investigadores del proyecto.
Agregan, además, que la implementación del aislamiento y del distanciamiento social dependen, en gran medida, de la estructura de contactos de los diferentes grupos socioculturales y de las capacidades y servicios de cada territorio (empleo, educación, abastecimiento y cuidado). Se analizan, entonces, estos factores territoriales para proponerlos como insumos claves en la formulación de políticas públicas para el control del Covid-19, generando tres productos: 1) Identificación de factores socio-urbanos que estas políticas deben considerar; 2) Evaluación y proyección de las políticas nacionales, a partir del registro comparado de experiencias internacionales (Nueva Zelanda y Sudáfrica); y 3) Lineamientos para la difusión y educación de medidas de prevención, considerando los contextos locales y la participación social. Se trata de una propuesta interdisciplinaria que reconoce la importancia del Estado y el valor de la comunidad para contribuir oportunamente en estas políticas hacia el bien común.
Así nace el “ISOT-COVID: Condiciones socio-territoriales para las medidas de control y prevención del covid-19”, un documento de trabajo generado al alero del proyecto, con colaboración del Observatorio de Ciudades UC.
El índice permite conocer las condiciones socio materiales que presenta el entorno construido en los barrios de la ciudad para enfrentar estas medidas, considerando tres dimensiones diferentes: i) las condiciones socioespaciales; ii) las condiciones para la circulación; y iii) las condiciones de accesibilidad.
Además, a través de una encuesta incorporada en el mismo documento se busca indagar en las prácticas que ha tenido la población durante la pandemia, y en especial en periodos de cuarentena. Se preguntó sobre percepciones respecto a las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia, confianza en las instituciones, percepción de riesgo frente al contagio, nivel de afectación económica, instancias de apoyo social, entre otros temas. Complementariamente, se presentan resultados del ISOT-COVID, asociados al desempeño de las comunas del Gran Santiago, en el último período de cuarentena total, que rigió entre el 16 de marzo y el 29 de abril de 2021.
Conversamos al respecto con la profesora Ibarra, para profundizar sobre estos aspectos y relevar estos insumos para la toma de decisiones de políticas públicas a la hora de confinar a las personas en los distintos territorios.
La pandemia por COVID-19 se maneja bajo criterios estrictamente epidemiológicos y sanitarios. ¿Cuán consideradas por las autoridades han sido, a vuestro juicio, las variables urbanas y territoriales a la hora de programar confinamientos en el Gran Santiago?
A quince meses del primer caso de COVID 19 en nuestro país y de la creciente propagación de la infección, se ha hecho evidente cómo las diferencias existentes entre barrios, comunas y ciudades chilenas inciden tanto en relación a los contagios como a las posibilidades de cumplir con las medidas de confinamiento. Este proyecto se ha propuesto identificar -en las escalas de vivienda, de barrio, y de ciudad-, los principales factores que inciden en estas diferencias, permitiendo sostener que no han sido suficientemente considerados en el marco de las políticas públicas. Mientras a nivel de vivienda, la situación de hacinamiento y de precariedad ha incidido en la imposibilidad de dar cumplimiento a las medidas de confinamiento, las capacidades materiales y sociales de diferentes barrios han puesto en evidencia cómo las desigualdades territoriales inciden en el manejo de la pandemia. En la escala de la ciudad, tampoco se han asumido variables territoriales; un ejemplo de ello son las cuarentenas dinámicas, que han asumido que es posible mantener una parte de la ciudad confinada y otra funcionando, lo que resulta poco viable en la práctica. Todo lo anterior, confirma que las medidas de confinamiento impuestas para el manejo de la pandemia, exigen reconocer que es imposible tomar medidas con criterios estrictamente epidemiológicos, pues, así como estamos frente a un problema sanitario, estamos frente a un problema social y urbano.
Considerando la estrecha relación entre urbanismo y salud pública, ¿por qué pareciese ser que las decisiones de confinamiento se toman sin considerar variables territoriales particulares de distintos sectores de la ciudad que muchas veces terminan siendo inviables?
Una primera explicación podría relacionarse al centralismo que ha dificultado la formulación y aplicación de políticas pertinentes a los distintos territorios. Otra situación que marcó, especialmente al inicio de la pandemia, fueron las diferencias y descoordinación entre las medidas a nivel local y central, tal como quedó reflejada en la polémica por el cierre de establecimientos educacionales en marzo y abril de 2020. Pero, por sobre todo, ha faltado abordar el conocimiento del territorio y de las realidades socio espaciales, en la consideración de medidas. Mientras los supermercados no se cerraron y las ferias libres si, y el trabajo de delivery ha sido protegido, la gestión de la pandemia ha tendido a tomar medidas homogéneas a los territorios que, en todas sus escalas, son desiguales y están marcados por condiciones urbanas y sociales diversas. Es fundamental visibilizar el territorio.
A un año y medio de pandemia hay aprendizajes, aciertos y desaciertos. Se sabe que el hacinamiento no es la única variable a considerar, por tanto, ¿cuál sería a vuestro juicio el principal aporte del índice para la toma de decisiones de confinamiento en la ciudad, con miras a un mejor entendimiento de las lógicas de movilidad, esparcimiento y entorno barrial?
El índice ISOT-COVID permite considerar de forma conjunta las diferentes condiciones socio-territoriales que pueden incidir en la aplicación de las medidas de control y prevención del COVID-19. Entre ellas se encuentra el hacinamiento, pero también otras como los tiempos de desplazamiento, la posibilidad de abastecerse en el entorno cercano, el acceso a internet, entre otras. Todas estas condiciones tienen un impacto para la prevención del COVID-19, pues los riesgos serán mayores en viviendas hacinadas, donde sus habitantes tienen que trasladarse a un trabajo presencial en un largo viaje en transporte público, y además deben salir a hacer sus comprar lejos de sus casas porque no tienen comercio cerca ni tampoco la posibilidad del delivery. El aporte del índice ISOT-COVID es tomar todos estos indicadores y presentarlos conjuntamente a través de un índice sintético. Y en base a ese resultado, es posible observar cuáles son las áreas específicas de la ciudad que enfrentan más dificultades para hacer frente a las medidas de control y prevención, donde las restricciones actuales resultan menos aplicables, y por lo tanto pueden requerir iniciativas alternativas para prevenir el avance de la pandemia.
Resultados preliminares del Proyecto ANID COVID 0584 “Vivienda, barrio y ciudad en el control de epidemias. Consideraciones sociales y urbanas para la formulación de políticas públicas de aislamiento y de distanciamiento físico en Chile”
Investigación en curso
