Esta semana Javier Ruiz-Tagle, académico IEUT UC y director del Núcleo Milenio sobre los Desafíos de la Vivienda, fue entrevistado en Radio Usach para hablar acerca de los altos costos de los arriendos en Chile.
La crisis de asequibilidad de la vivienda en Chile ha alcanzado niveles críticos, transformando el acceso a un techo en una de las mayores presiones financieras para las familias del país. En entrevista con Radio Usach, Javier Ruiz-Tagle, académico del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica, y director Núcleo Milenio sobre Desafíos de la Vivienda, analizó el complejo panorama del mercado inmobiliario y del arrendamiento en Chile. La entrevista fue realizada por la periodista Mirna Schindler en el programa Sin Pretexto de Radio Usach.
De acuerdo con un reciente análisis de la organización Déficit Cero basado en la encuesta Casen, el porcentaje de hogares arrendatarios que destina más del 30% de sus ingresos a vivienda aumentó del 27% al 40% en la última década, afectando a cerca de 774.000 familias.
Una brecha estructural que golpea a los ingresos más bajos
La situación es drástica en los quintiles de menores ingresos: en el 20% más vulnerable, la mediana del costo de arriendo absorbe el 64% del presupuesto mensual, dejando apenas $150.000 para cubrir alimentación, salud y otros servicios básicos.
«El principal factor explicativo es el alza sostenida del precio de la vivienda respecto de los salarios, un fenómeno de escala global pero que en Chile se manifiesta con particular dureza».
Entre las causas estructurales detrás de este fenómeno destacan los cambios demográficos —con un aumento sostenido de hogares unipersonales que presionan la demanda por suelo urbano denso— y las dinámicas del mercado crediticio de los últimos años.
Estrategias de supervivencia e informalidad
Ante la imposibilidad de acceder a un crédito hipotecario o a la compra de una vivienda propia, la población de sectores medios y jóvenes se ha visto forzada a permanecer en el mercado de arriendo, adoptando nuevas dinámicas de convivencia como el coarriendo entre múltiples adultos o la cohabitación temprana para compartir gastos.
El impacto es aún mayor en las zonas del norte del país, como la Región de Antofagasta, donde la alta demanda generada por la industria minera y la escasa oferta de vivienda pública y privada han impulsado los precios a máximos históricos, desplazando a trabajadores y familias a asentamientos informales. Por su parte, la población migrante enfrenta mayores niveles de desprotección y abusos, tales como exigencias de garantías de hasta un año de pago o contratos irregulares.
La propuesta: Concesiones de arriendo a «precio justo» en suelo público
Como vía de solución frente a la desaceleración del acceso a la propiedad, Javier Ruiz-Tagle destacó la relevancia de avanzar hacia políticas públicas de arriendo protegido o concesiones de suelo público para arriendo a «precio justo», un modelo promovido por organismos como Déficit Cero e inspirado en experiencias internacionales consolidadas como la de Viena (Austria).
«Estructurar alianzas público-privadas donde el Estado aporte el suelo y la inversión privada desarrolle proyectos bajo la condición de no exigir más del 25% o 30% del ingreso familiar permitiría no solo responder a la demanda habitacional, sino también generar un efecto regulador sobre los alzas del mercado privado», sostuvo el investigador.
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