La transformación de viviendas sociales construidas hace casi dos décadas en Zapallar en alojamientos temporales plantea tensiones entre su función pública original y las dinámicas del mercado turístico. El fenómeno, legal pero poco documentado, abre una discusión sobre el rol de la política habitacional y el uso de activos sociales en zonas de alta plusvalía. Reportaje La Tercera (1 de marzo de 2026), con análisis del académico Javier Ruiz-Tagle (IEUT UC).
Cuando aún queda verano, un reportaje publicado por La Tercera el 1 de marzo de 2026 documenta cómo algunas viviendas sociales situadas en la Villa Esmeralda de Zapallar —entregadas por el Serviu hace 18 años— se ofrecen actualmente en plataformas de arriendo temporario como Airbnb.
Estas casas, originalmente construidas para trabajadores con necesidades habitacionales en una localidad costera de alta plusvalía, ahora funcionan – según se lee, como alojamientos vacacionales. El reportaje recoge testimonios de vecinos, señala el levantamiento de restricciones legales al arriendo y destaca la reticencia de autoridades locales y propietarios a discutir públicamente el tema.
El texto especifica que el uso de subsidios de vivienda para fines distintos a la tenencia familiar permanente no es ilegal una vez vencido el periodo mínimo de restricción, pero sí plantea un desafío en términos de política habitacional y función social de estos activos.
Para profundizar, La Tercera consultó a Javier Ruiz-Tagle, académico del IEUT UC y director del Núcleo Milenio NUVIV, quien advirtió que “tener viviendas en sectores de alta plusvalía, como los cercanos a Zapallar, son lugares donde —a mi juicio— las viviendas sociales deberían ser en arriendo y permanecer en manos del Estado, de manera que cumplan siempre con su rol social”. Ruiz-Tagle destacó que “quien deje de pertenecer al 40% más pobre tiene que dar un paso al lado y dejar entrar a otra persona que sea del 40% más pobre.”
El reportaje también recoge las percepciones de dirigentes sociales locales y propietarios que han optado por el negocio turístico como forma de ingreso familiar. Aunque la práctica no es masiva, su existencia evidenciaría tensiones entre la lógica de mercado y las metas originales de los programas habitacionales, especialmente en comunas con fuertes dinámicas de turismo y valorización inmobiliaria.
Especialistas en vivienda y políticas urbanas han señalado que fenómenos como este reflejan un déficit estructural en la oferta habitacional formal y un vacío regulatorio en arriendo turístico, que permite que bienes concebidos como sociales se inserten en circuitos de consumo vacacional, en algunos casos a precios significativamente superiores al arriendo tradicional.
Este debate no sólo interpela al Ministerio de Vivienda y Urbanismo y a los gobiernos locales, sino también a académicos y planificadores urbanos interesados en garantizar que la vivienda social cumpla su propósito de asegurar accesibilidad y estabilidad a los grupos más vulnerables, sin quedar absorbida por las lógicas especulativas del mercado.
Aquí el reportaje completo:
https://www.latercera.com/nacional/noticia/se-arrienda-vivienda-social-para-veranear-en-zapallar/
Redacción periodística Rita Cox.
