«Hay una necesidad generalizada de arriendo, y es probable que, quien tiene una vivienda, se vaya a una toma de terreno arriende y ocupe ese dinero como ingreso. Eso sucede cuando hay crisis económica o falta de regulación», explicó Javier Ruiz-Tagle, académico del IEUT UC.
El pasado 13 de octubre, Javier Ruiz-Tagle, académico del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, IEUT UC, fue consultado sobre el caso de una propietaria de una vivienda social en la comuna de Placilla en Valparaíso, quien no pudo acreditar que vivía en la propiedad obtenida con el Subsidio Habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Por este motivo y luego de cinco años de pelea judicial, la Corte Suprema zanjó el caso, obligándola a devolver el inmueble, esto, a raíz de una cláusula que conlleva vivir- según el tipo de beneficio al que se acceda- entre 5 a 15 años, luego de recibir este tipo de apoyos del Estado. Lo anterior con la finalidad de evitar malas prácticas.
La medida contra esta propietaria fue tomada por el MINVU, como parte del proceso de fiscalización que efectúa de manera aleatoria a todas las viviendas financiadas con subsidio. Ante reiteradas visitas del organismo, esta propietaria no pudo comprobar su uso mediante pago de cuentas de suministros básicos y declaraciones, donde se alertaba que no se encontraba habitando la vivienda.
Ruiz-Tagle, como especialista en políticas urbanas, señaló respecto a este caso que entregar el dominio de la propiedad es un incentivo para venderla, porque en cierto plazo, estará disponible. Asimismo, señaló que se incentiva la práctica del arriendo:
«Hay una necesidad generalizada de arriendo, y es probable que, quien tiene una vivienda, se vaya a una toma de terreno arriende y ocupe ese dinero como ingreso. Eso sucede cuando hay crisis económica o falta de regulación», explicó.
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