Conversatorio | Políticas de vivienda en el mundo. Presente y futuro de instrumentos en Chile.

Los profesores Marcelo Bauzá (miembro del núcleo de investigación Observatorio de Arriendo y Socio-fundador de Inciti) y Javier Ruiz Tagle (Jefe del Diplomado Interdisciplinario en Políticas de Vivienda y Ciudad) abordaron el funcionamiento del sistema de subsidios habitacionales en Chile y sus principales problemas.

En la oportunidad, el investigador del IEU, Javier Ruiz-Tagle, presentó cómo ha evolucionado el acceso a la vivienda en Chile durante el siglo XX y las primeras décadas del XXI. 

Junto con ello, comparó las políticas habitacionales de los países nórdicos y algunos del centro de Europa, como Holanda, donde el Estado juega un rol importante como dueño de propiedades, a las cuales pueden acceder los ciudadanos, o tienen una tradición de cooperativas organizadas por sus habitantes.

En este sentido, Ruiz- Tagle sostuvo que “la vivienda es considerada como un pilar de su sistema de bienestar, al igual que la salud, la educación y las pensiones”. 

Ruiz- Tagle, doctor en planificación y políticas urbanas de la Universidad de Illinois y magister en Urbanismo, planteó que “es urgente cambiar el modelo de subsidios, si no queremos seguir aumentando el déficit habitacional”. 

 “El arriendo social es la tipología de vivienda de los estados de bienestar más icónica, donde un Estado propietario arrienda a un precio que no supera el 25% de los ingresos. En Chile se está tratando de hacer algo equivalente con las inmobiliaria populares en Recoleta, Independencia y Santiago centro”, argumentó el investigador UC.  

La vivienda social en Chile, en su gran mayoría, está orientada a los dos primeros quintiles, es decir, al 40% de la población de menores ingresos. Existe cierta apertura para llegar al tercer e incluso al cuarto quintil, comenta.  

“En otros países, donde se promociona la universalidad de los derechos y el bienestar social, generalmente, el beneficio de la vivienda pública está dirigida al 80% de la población”, argumenta.

¿Qué pasó en Chile?

Desde 1990 a 2005, las políticas públicas pusieron su foco en la producción de casas, logrando disminuir el déficit habitacional, orientada efectivamente a los más pobres.

El problema – postula Ruiz-Tagle – es que los principales beneficiados no fueron aquellos de menos recursos, porque se les entregaron casas de muy mala calidad, sino  la inmobiliaria privada y la banca. “Esta última ganó por mucho tiempo porque se le entregó muchísimos créditos hipotecarios con intereses usureros hasta que se cortó el componente del crédito hipotecario dentro de la vivienda social”, planteó. 

“Desde 2006 hasta ahora se ha mantenido el esquema de la subsidiaridad en el acceso a la vivienda, es decir, se ha asumido que el Estado simplemente ayuda con una parte”. 

Con la gran crítica a la calidad de las viviendas, que comenzó en 1997 con las inundaciones de la Villa El Volcán, durante el primero gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, se dio un giro hacia la calidad constructiva y efectivamente se hicieron muy buenos conjuntos. “Sin embargo, siguen estando en localizaciones periféricas”, argumentó. 

“Con iniciativas como el programa Quiero mi Barrio, por primera vez, se reconoció que lo que se había hecho antes, con una política masiva de viviendas, se había hecho muy mal y había que repararlo”, comenta.

Se supone que en este programa, tienen un peso similar los aspectos sociales como físicos de un determinado proyecto. Todo ello, en base a que la organización social no deteriore los elementos físicos. 

“Sin embargo, el programa Quiero mi Barrio no apunta al mejoramiento de los empleos, a la violencia intrafamiliar o a  la deserción escolar, lo cual hablarían más de un programa social integral”, cuenta. 

“En cuanto a los programas de integración social, uno de los elementos más polémicos, es la existencia de un bono de integración o mal llamado de la tolerancia. Este último, entrega entre 100 y 200 UF a las viviendas de clase media. Es decir, se les da un premio  a aquellos de más altos ingresos ‘por aguantar’, dentro de estos proyectos, vivir con más personas más pobres, en vez de tener un criterio de equidad social y dar ese bono a los que más necesitan”, afirma. 

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