En marzo de 2020, la autoridad sanitaria confirmaba el primer caso de COVID-19 positivo en Chile, una enfermedad zoonótica, viral, originada en un mercado de animales en China, altamente contagiosa y de la cual se sabía muy poco.
A las semanas, los casos comenzaron a multiplicarse, no solo en chile, sino en todo el mundo, lo que llevó a la OMS a declarar la expansión de la enfermedad como una pandemia.
Así, las principales ciudades de Chile comenzaban a vivir sus primeras semanas y meses de confinamiento, obligando a las personas a permanecer dentro de sus casas, a obtener permisos especiales para el desplazamiento, y a reducir al máximo posible la movilidad y aglomeraciones, para frenar y distanciar los contagios en el tiempo para no saturar la red de atención de salud.
¿Sirven las cuarentenas para frenar contagios? Desde un punto de vista epidemiológico, sí, porque al reducir la movilidad el virus pierde opciones de multiplicación, y ello permite ganar tiempo para fortalecer la atención de salud, aumentar camas críticas y trabajar para el desarrollo de vacunas.
Pero, ¿qué sucede cuando en los criterios de confinamiento las autoridades desconocen los contextos disímiles de distintos sectores de la ciudad y toman decisiones sin una mirada urbana y territorial pertinente en todas sus escalas (vivienda, barrio y ciudad)?
Para abordar esta área poco explorara en medio de la pandemia, nació el proyecto “Vivienda, barrio y ciudad en el control de epidemias. Consideraciones sociales y urbanas para la formulación de políticas públicas de aislamiento y de distanciamiento social en Chile”, iniciativa ANID-COVID-19 que dirige la profesora Macarena Ibarra, con la participación de los profesores/as e investigadores/as Felipe Link, Christian Matus, María Luisa Méndez, Javier Ruiz-Tagle y Felipe Valenzuela.
“El control de la actual pandemia en Chile ha involucrado, entre otras medidas, la cuarentena obligatoria y el distanciamiento social. Este proyecto sostiene que tales medidas no han considerado la importancia de aspectos sociales y urbanos en diferentes escalas (vivienda, barrio, ciudad), que dan cuenta de las particularidades de los territorios y que, en parte, explican las respuestas de la ciudadanía ante tales resoluciones”, sostienen los investigadores del proyecto.
Agregan, además, que la implementación del aislamiento y del distanciamiento social dependen, en gran medida, de la estructura de contactos de los diferentes grupos socioculturales y de las capacidades y servicios de cada territorio (empleo, educación, abastecimiento y cuidado). Se analizan, entonces, estos factores territoriales para proponerlos como insumos claves en la formulación de políticas públicas para el control del Covid-19, generando tres productos: 1) Identificación de factores socio-urbanos que estas políticas deben considerar; 2) Evaluación y proyección de las políticas nacionales, a partir del registro comparado de experiencias internacionales (Nueva Zelanda y Sudáfrica); y 3) Lineamientos para la difusión y educación de medidas de prevención, considerando los contextos locales y la participación social. Se trata de una propuesta interdisciplinaria que reconoce la importancia del Estado y el valor de la comunidad para contribuir oportunamente en estas políticas hacia el bien común.
Así nace el “ISOT-COVID: Condiciones socio-territoriales para las medidas de control y prevención del covid-19”, un documento de trabajo generado al alero del proyecto, con colaboración del Observatorio de Ciudades UC.
El índice permite conocer las condiciones socio materiales que presenta el entorno construido en los barrios de la ciudad para enfrentar estas medidas, considerando tres dimensiones diferentes: i) las condiciones socioespaciales; ii) las condiciones para la circulación; y iii) las condiciones de accesibilidad.
Además, a través de una encuesta incorporada en el mismo documento se busca indagar en las prácticas que ha tenido la población durante la pandemia, y en especial en periodos de cuarentena. Se preguntó sobre percepciones respecto a las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia, confianza en las instituciones, percepción de riesgo frente al contagio, nivel de afectación económica, instancias de apoyo social, entre otros temas. Complementariamente, se presentan resultados del ISOT-COVID, asociados al desempeño de las comunas del Gran Santiago, en el último período de cuarentena total, que rigió entre el 16 de marzo y el 29 de abril de 2021.
REVISA ACÁ LA NOTA QUE PUBLICÓ EL DIARIO EL MERCURIO AL RESPECTO.